Continúa la resistencia al “golpe electoral” en Honduras

Una manifestación en contra del fraude electoral en Tegucigalpa, Honduras el 3 de diciembre. Foto por Sandra Cuffe

El sábado 6 de enero, un mes y medio después de las elecciones nacionales del 26 de noviembre, unos 80.000 hondureños marcharon por las calles de San Pedro Sula en protesta con lo que llaman “un golpe electoral”.

Veinticuatro horas después del cierre de la votación, cuando se había contado el 57% de los votos, el candidato de la oposición Salvador Nasralla tenía una ventaja de cinco puntos. Luego, hubo una serie de anomalías en el conteo de votos, incluyendo una supuesta caída del sistema de computación del conteo durante un día y medio, levantando sospechas de que se estaba cometiendo un fraude electoral.

Poco después que se reanudara el conteo de votos, el presidente actual, del partido de derecha Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, fue declarado liderando los votos. En una apelación ante la Organización de Estados Americanos (OEA), la oposición de centro izquierda hizo un llamado a un recuento de votos con la presencia de observadores internacionales.

En respuesta a las crecientes protestas se impuso un toque de queda de 18.00 a 6.00 horas, se aumentó la militarización y se suspendieron los derechos constitucionales de los ciudadanos. Según la Conferencia Jesuita de las Provincias de América Latina (CPAL), la respuesta del gobierno ha sido muy represiva dejando heridas y muertas. Se informa que más de 800 manifestantes han sido detenidos, y al menos tres periodistas internacionales que intentaban dar cobertura a la crisis han sido deportados por las autoridades hondureñas.

El 3 de diciembre, decenas de miles de hondureños desafiaron a las autoridades y salieron a la calle en protestas pacíficas demandando un recuento pleno e imparcial o nuevas elecciones. El 4 de diciembre, funcionarios electorales informaron que Hernández había ganado las elecciones, sin embargo, la oposición todavía tenía tiempo de apelar esos resultados antes del 23 de diciembre, cuando se debería anunciar el presidente electo.

El mismo día, miembros de la policía nacional, incluyendo cientos de policías antimotines conocidos como Los Cobras, tomaron la decisión sin precedentes de declarar públicamente que no se pronunciarían por ningún bando en una disputa política y que se negarían a obedecer órdenes de reprimir al pueblo. Se dice que algunos policías se unieron a las protestas. Los policías que habían dejado de trabajar retornaron a sus puestos el 5 de diciembre, aunque continuaron sosteniendo que no serían usados para reprimir al pueblo.

La coordinadora de la RSM, Lynda Yanz, se encontraba en San Pedro Sula, Honduras, en los momentos de las protestas del 3 de diciembre. Ella informó que el toque de queda y la suspensión de las libertades civiles tiene un enorme impacto de las organizaciones de derechos laborales con las que trabaja la RSM, y sobre las trabajadoras(es) de la maquila cuya capacidad para ir y volver del trabajo está muy restringida, y en algunos casos es imposible.

En medio del conteo de votos, el Departamento de Estado de los EE. UU. anunció que certificaba a Honduras para una mayor asistencia, citando mejoras en los derechos humanos y en medidas contra la corrupción. Aunque la respuesta del gobierno canadiense no ha sido tan evidentemente prejuiciada, sí es una respuesta extremadamente débil, posiblemente debido al hecho de que tiene intereses significativos en Honduras, particularmente en los sectores de minería y la industria de la confección.

En respuesta a un llamado de la OEA por un recuento de la votación en tres estados, el tribunal electoral realizó un recuento de 4.753 urnas que arribaron luego de la pausa de 36 horas en el conteo original. Sin embargo, el 7 de diciembre, Nasralla cuestionó públicamente el acuerdo logrado entre Orlando Hernández y la OEA de sólo un recuento parcial y presentó una apelación requiriendo la anulación de los resultados de la votación.

El 17 de diciembre, después de completarse el recuento parcial, el tribunal electoral declaró a Hernández presidente electo. Sin embargo, la OEA criticó al tribunal por esa decisión y pidió una elección general, apuntando a las “Intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación intencional de rastros digitales, imposibilidad de conocer el número de oportunidades en que el sistema fue vulnerado, valijas de votos abiertas o sin actas, improbabilidad estadística extrema respecto a los niveles de participación dentro del mismo departamento, papeletas de voto en estado de reciente impresión e irregularidades adicionales …” La coalición del movimiento social llamada la Convergencia contra el Continuismo también pidió nuevas elecciones con supervisión internacional.

En medio del conteo de votos, el Departamento de Estado de los EE. UU. anunció que certificaba a Honduras para una mayor asistencia, citando mejoras en los derechos humanos y en medidas contra la corrupción. El 22 de diciembre, los EE.UU. reconocieron a Juan Orlando Hernández como presidente electo de Honduras.

Aunque la respuesta del gobierno canadiense no ha sido tan evidentemente prejuiciada, sí es una respuesta extremadamente débil y contradictoria. La Ministra de Relaciones Exteriores Chrystia Freeland emitió dos declaraciones el 2 y 10 de diciembre, afirmando el apoyo de Canadá al trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la misión de observadores de la Unión Europea y haciendo un llamado a las autoridades hondureñas a “restaurar los derechos y garantías constitucionales”. Sin embargo, doce días después, bajo el radar de la mayoría de los canadienses preparándose para las fiestas, la embajada canadiense responsable por Honduras envió un tweet reconociendo a JOH como presidente electo, en directa contradicción con las recomendaciones de la OEA.

Mientras tanto, existe una creciente preocupación organizaciones de la sociedad civil, religiosas y de derechos humanos nacionales e internacionales sobre el aumento de la militarización en un estado ya altamente militarizado, crecientes abusos de los derechos humanos, y la suspensión de las libertades civiles y la violencia asociada a ello.

El 30 de diciembre en una declaración dada a conocer por el National Catholic Reporter, la Conferencia de Provinciales en América Latina y el Caribe comparó las amenazas de muerte contra Fr. Ismael Moreno Coto – conocido ampliamente como Padre Melo – a aquellas que circulaban en El Salvador antes del asesinato de Fr. Rutilio Grande, un sacerdote jesuita asesinado el 1977.

La violencia es permanente desde que se anunciaron originalmente los resultados de la elección. Entre el 26 de noviembre y el 26 de diciembre, al menos 30 personas murieron en relación con la crisis política. Esto se compara con los 5 asesinatos políticos ocurridos durante el mismo período luego del golpe de 2009. En un discurso a la multitud en San Pedro Sula el 6 de enero, el ex presidente de Honduras Manuel Zelaya se pronunció por una huelga nacional “bloqueando las principales carreteras, puertos, aeropuertos, hasta que sea respetada la voluntad popular.”

Una preocupación central de muchas organizaciones de la sociedad civil en Honduras sigue siendo, en primer lugar, la participación de Orlando Hernández en el proceso electoral. Según Human Rights Watch, Hernández se basó en una “interpretación forzada” de la ley, lo que le permitió ignorar el límite de un término vigente en el país para presentarse nuevamente. Al hacerlo, ha hecho aquello de que se lo acusó en su momento a Manuel Zelaya de planificar hacer antes de su violento desalojo durante el golpe de 2009 que llevó a Orlando Hernández al poder.

Más información:

Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre las elecciones en Honduras
Carta de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe (CPAL)
El COPINH NO reconoce resolución del TSE y llama a la movilización popular
Organizaciones internacionales exigen la transparencia y el respecto por el voto en Honduras – Comunicado firmado por la RSM (solo en inglés)
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Honduras: Gobierno despliega tácticas peligrosas e ilegales para silenciar a la población – Reportaje de Amnestía Internacional