Declaración de la RSM sobre la masacre en Choloma, Honduras

La Red de Solidaridad de la Maquila (RSM) nos unimos a los sindicatos y las organizaciones internacionales de derechos laborales en la condena a la masacre cometida el 24 de junio en Choloma, en el departamento de Cortés, Honduras. El ataque dejó 13 muertos, incluyendo cuatro líderes sindicales del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Gildan Activewear San Miguel S.A. (SITRAGSAM).

Los líderes sindicales eran Xiomara Beatriz Cocas, presidenta del SITRAGSAM y los delegados sindicales Delmer Josué García (ex presidente de SITRAGSAM), José Rufino Ortiz y Lester Arnulfo Almendarez. El hijo de Beatriz Cocas, Eduardo Alexander Meléndez, también fue asesinado en la masacre.

El ataque se dio la misma semana que Gildan anunció el cierre de su planta San Miguel, que emplea a 2.700 trabajadoras(es). El sindicato ya participaba en conversaciones con la gerencia de Gildan para asegurar el respeto a los derechos de las trabajadoras(es) afectadas por el cierre de la fábrica.

Expresamos nuestras más profundas condolencias a las familias de las víctimas de la masacre y a todos los miembros del SITRAGSAM y de la Central General de Trabajadores de Honduras (CGT), la confederacion sindical a la que está afiliado este sindicato. La RSM ha trabajado en estrecha colaboración durante muchos años con la CGT y sus afiliados.

Instamos al gobierno de Honduras a que realice una investigación exhaustiva de inmediato del crimen y que lleve a los responsables ante la justicia. También instamos al gobierno a que garantice la seguridad y el pleno respeto de los derechos humanos de las trabajadoras(es) de la maquila y de quienes viven en Choloma mientras implementa su recientemente anunciado ‘plan de seguridad’ para abordar el problema del aumento de la violencia en la región del Valle de Sula.

Nos unimos a los sindicatos hondureños y a la solidaridad internacional a llamar a Gildan Activewear a tomar medidas firmes para garantizar la seguridad de todas sus trabajadoras(es) en sus instalaciones en Honduras, para brindarles apoyo a las familias de las personas asesinadas, y para ofrecer oportunidades de trabajo y una indemnización generosa a todas las trabajadoras(es) de la planta San Miguel que serán afectadas por el cierre.