Durante los últimos cinco años, disrupciones significativas han impactado la industria de la confección a nivel mundial, incluyendo la pandemia global en 2020; el crecimiento de la moda rápida y el comercio electrónico; los cierres de fábricas y despidos masivos; la expansión de empresas de capital privado que adquieren y gestionan marcas; y, más recientemente, los cambios extensos del comercio global en 2025.*

La ola de cierres de fábrica y despidos masivos en las fábricas manufactureras del sector de confección en Centroamérica han tenido un impacto devastador sobre las trabajadoras(es), sus familias y sus sindicatos.

En Honduras y El Salvador, muchos de estos cierres y despidos se han dado en grandes fábricas propiedad de empresas norteamericanas de ropa básica, como Hanesbrands, Delta Apparel, Fruit of the Loom (FOTL) y Gildan Activewear. A finales de 2025, Delta Apparel se había declarado en bancarrota; FOTL ya no tenía una presencia importante en Centroamérica; y Hanesbrands había sido adquirida por Gildan, aunque los detalles aún estaban por definirse. Lo que queda claro es que Gildan es el principal fabricante de ropa básica y el mayor empleador del sector en la región.

En Honduras, antes del 2023, estas cuatro compañías empleaban directamente a la mayoría de las trabajadoras(es) de la confección en ese país y a lo largo de la década anterior, los sindicatos habían negociado exitosamente contratos colectivos de trabajo (CCT), obteniendo mejores salarios y prestaciones en algunas de las fábricas más grandes. Un estudio realizado por Mark Anner en 2022, calculó que, en ese momento, aproximadamente un 44% de las trabajadoras(es) de la confección en Honduras estaban cubiertas por un CCT que les había beneficiado.

Como resultado de los cierres realizados durante los últimos dos años, los sindicatos hondureños de la industria de la confección están perdiendo lo que les costó tanto ganar en sus centros de trabajo. Entre abril y diciembre de 2025, FOTL cerró sus últimas tres fábricas de ropa y textiles sindicalizadas en el país, despidiendo a aproximadamente 4,000 trabajadoras(es) e incumpliendo un acuerdo innovador firmado en 2009 con la Central General de Trabajadores (CGT). El acuerdo garantizaba la libertad sindical en todas las instalaciones de FOTL en Honduras y le abría la puerta a la sindicalización en otras fábricas en el país. Según el WRC, en un momento determinado, FOTL llegó a emplear aproximadamente 7,000 trabajadoras(es) en instalaciones sindicalizadas en Honduras y desde entonces ha eliminado más de 90% de esos empleos.

El cierre de las instalaciones propiedad de Hanesbrands en Honduras ha sido igual de significativo. En el año 2022, Hanesbrands fue propietaria de seis fábricas que le daban empleo a más de 9,000 trabajadoras(es). A finales de 2025, la compañía había cerrado sus últimas instalaciones en Honduras. Tan solo el cierre más reciente de Hanesbrands dejó desempleadas a más de 2,200 trabajadoras(es) de Confecciones del Valle. Las fábricas más grandes de Hanesbrands en Honduras estaban sindicalizadas; por lo menos dos de ellas producían productos de la marca Champion, que Hanesbrands vendió a la empresa de gestión de marcas Authentic Brands Group (ABG) en el mes de septiembre de 2024.

Gildan Activewear cerró su fábrica San Miguel en el mes de junio de 2023, dejando a 2,700 trabajadoras(es) desempleadas en ese entonces.

En El Salvador, Hanesbrands y FOTL pasaron de ser propietarias de 12 fábricas en 2022, tres de ellas con presencia sindical, a ser propietarias y operar sólo siete fábricas. Delta Apparel, que producía para varias marcas principales en sus propias instalaciones en Honduras, El Salvador y México, se declaró en bancarrota en el mes de junio de 2024, dejando a miles de trabajadoras(es) desempleadas sin pagar millones de dólares en indemnizaciones y demás prestaciones. En conjunto, estos despidos – particularmente los de instalaciones sindicalizadas reconocidas – generan efectos generalizados sobre las trabajadoras(es) que buscan abordar las violaciones de los derechos laborales en las fábricas. La pérdida de la representación sindical y de la cobertura por un CCT deja a las trabajadoras(es) con menos recursos para responder ante violaciones y/o crear condiciones de trabajo que bajen la probabilidad de que
ocurran violaciones.

Además, el hecho de que tantas fábricas con la presencia de un sindicato o más han cerrado tendrá un efecto inhibidor, desalentando a las trabajadoras(es) de ejercer sus derechos a la libertad sindical y negociación colectiva en la región.

Los cierres ilegales y el robo de indemnizaciones

Además de las fábricas propiedad de las marcas internacionales, a lo largo del mismo periodo, se han cerrado un gran número de fábricas proveedoras en Centroamérica, sin pagar a las trabajadoras(es) millones de dólares en prestaciones, en particular indemnizaciones, salarios caídos, y cuotas de seguridad social.

A pesar de precedentes importantes, pocas marcas asumen de manera proactiva la responsabilidad de asegurar que se les pague a las trabajadoras(es) las indemnizaciones y demás prestaciones que se les debe por ley cuando cierran las fábricas. La Asociación por el Trabajo Justo (FLA por sus siglas en inglés), no requiere que las compañías participantes indemnicen a las trabajadoras(es) cuando sus fábricas proveedoras no cumplen con sus obligaciones legales en cuanto al pago de indemnizaciones y prestaciones.

En respuesta al robo de las indemnizaciones, los sindicatos locales presentaron amparos y organizaron campañas nacionales. Cuando esto resultó infructuoso, los sindicatos locales ampliaron sus estrategias para buscar el apoyo de aliados internacionales. En varios casos, interpusieron quejas ante el WRC e involucraron al Centro de Solidaridad, la Red de Solidaridad de la Maquila y otras organizaciones de derechos laborales a través de campañas coordinadas buscando que las marcas asumieran su responsabilidad de asegurar que se les pague a las trabajadoras(es) que manufacturan sus productos sus indemnizaciones completas y demás prestaciones que se les deben.

Entre las victorias significativas en Centroamérica, se incluyen el pago de contribuciones de más de US$4 millones para las extrabajadoras(es) de tres fábricas en El Salvador (APS El Salvador, Style Avenue e Industrias Florenzi) y de US$1.5 millones de dólares para las extrabajadoras(es) de Industrial Hana en Guatemala.

Es importante destacar las victorias de estas campañas, en parte para reconocer la extraordinaria cantidad de tiempo y energía que invierten las trabajadoras(es), los sindicatos y las organizaciones internacionales de derechos laborales cuando las marcas no asumen de manera proactiva sus responsabilidades al cerrar una fábrica. Ya es hora de que las marcas y las
iniciativas de multi-interés, como la FLA, acepten sus responsabilidades ante las trabajadoras(es) cuando se cierran fábricas que manufacturan sus productos o los productos de sus afiliados, y que resulta en el endeudamiento de las trabajadoras(es) en miles y, a veces, millones de dólares en salarios caídos, indemnizaciones y demás prestaciones.

*Este artículo es un extracto de la publicación de la RSM Compañías y sus marcas: exigir la responsabilidad empresarial en una industria opaca. Consulte la publicación para más información y notas de referencia.