Este 26 de marzo, el panel de expertos de tres integrantes en el caso del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) iniciado por el gobierno estadounidense contra la minera canadiense Orla Mining publicó su dictamen, que confirma las denuncias de los trabajadores de que la gerencia en su mina Camino Rojo, en el estado mexicano de Zacatecas, interfirió con sus derechos de libertad sindical.

El panel de expertos también confirmó que la empresa no respondió a las solicitudes urgentes de ayuda de los trabajadores que habían recibido amenazas de muerte por su apoyo al sindicato Los Mineros, en lugar de a un sindicato de protección favorecido por la empresa. Según Los Mineros, un conocido miembro de un cártel de la droga, responsable de las amenazas de muerte, fue contratado por la empresa como subcontratista.

Sin embargo, en lugar de aceptar las conclusiones del panel y exigir medidas correctivas más enérgicas por parte de la empresa, las Secretarías de Trabajo y de Economía de México impugnaron dichas conclusiones, argumentando que las amenazas de violencia constituían un delito que escapaba al alcance del MLRR y que la mina no era una instalación cubierta por el tratado comercial.

Según Alfonso Bouzas, destacado experto laboralista mexicano, la interpretación de los hechos por parte de la Secretaría de Trabajo es preocupante. “Sus declaraciones demuestran una falta de comprensión del mecanismo de respuesta rápida. La Secretaría recurre a una argumentación retórica, como si fuera necesario que el patrón tenga las manos cubiertas de sangre para hacerle responsable”.

El 4 de mayo, Orla Mining emitió un comunicado público confirmando las medidas correctivas que acordó tomar para cumplir con las recomendaciones del panel de expertos. Estas incluyen reconocer “evidencia de posible actividad delictiva” en la mina; reemplazar al gerente general; implementar una nueva política de derechos laborales y emitir una carta de neutralidad del empleador; capacitar al personal gerencial y a los empleados sobre derechos laborales, obligaciones de cumplimiento y mecanismos de denuncia. Y, lo más importante, el compromiso de salvaguardar los derechos de los sindicatos minoritarios y brindar acceso a la mina a los representantes de Los Mineros.

Sin embargo, el plan de remediación no incluye un firme compromiso para proteger la seguridad de los simpatizantes de Los Mineros que han recibido amenazas de muerte y aún se encuentran escondidos, lo que les permitiría regresar a sus hogares y lugares de trabajo. Esto también requeriría un firme compromiso por parte de las autoridades mexicanas para protegerlos.

Otro tema importante, reforzado por el caso Camino Rojo, es la excesiva demora en la resolución de una denuncia de "Respuesta Rápida" cuando un gobierno opta por retrasar el proceso.

La denuncia fue presentada por Los Mineros el 24 de junio de 2024, y a finales de agosto, Estados Unidos solicitó formalmente a México que revisara las alegaciones del sindicato. Al concluir el período de revisión de 45 días, México respondió cuestionando la validez de algunas de esas alegaciones. Como resultado, en diciembre de 2024, Estados Unidos solicitó la creación del panel de expertos. El panel emitió su dictamen por escrito a finales de marzo de 2026, casi dos años después de la presentación de la denuncia.

Mientras tanto, el sindicato Trabajadores Metalúrgicos Unidos (United Steelworkers - USW) presentó una queja paralela sobre el mismo caso ante el gobierno canadiense en noviembre de 2024, pero este no solicitó formalmente a México que investigara dicha queja hasta abril de 2026.

El MLRR es una característica única del tratado comercial trinacional entre México, Canadá y Estados Unidos que permite a las partes interesadas presentar quejas cuando los empleadores en instalaciones cubiertas por el acuerdo violan los derechos de los trabajadores a la libertad sindical y a la negociación colectiva.

Desde que el acuerdo comercial trinacional entró en vigor en julio de 2020, el gobierno estadounidense ha aceptado más de 45 quejas del MLRR y el gobierno canadiense dos. Si bien la mayoría de los casos se han resuelto con relativa rapidez y los empleadores afectados han aceptado los planes de remediación, el caso de Camino Rojo demuestra la urgente necesidad de mejorar el proceso.

Según Paul Bocking, responsable de proyectos del Fondo Humanitario de los Trabajadores Metalúrgicos, estos dos problemas —la negativa del gobierno mexicano a aceptar las conclusiones de un panel de expertos y las demoras innecesarias en el proceso— deben incluirse en la agenda de la próxima revisión del acuerdo comercial. El 27 de mayo, la oficina nacional canadiense del USW emitió un comunicado público sobre el caso, urgiendo al Fiscal General de Canadá a considerar la posibilidad de presentar cargos penales contra Orla Mining.

Para mayor información:

• Inseguridad, el eslabón débil del mecanismo de quejas laborales del T-MEC (El Economista)
• Sindicato canadiense exige acciones penales contra Orla Mining tras violaciones laborales en Zacatecas (Zócalo)
• Declaración del sindicato USW sobre el caso Camino Rojo (francés, inglés)
• Lista de los casos del MLRR aceptados por el gobierno estadounidense
• Resúmenes breves sobre los primeros doce casos del MLRR (RSM)
• Reportaje de la Canadian Broadcasting Corporation (CBC) sobre el caso Camino Rojo