Declaración de la Campaña Ropa Limpia, el Foro Internacional por los Derechos Laborales, la Red de Solidaridad de la Maquila y el Consorcio de los Derechos de los Trabajadores
Dos años después de que la fábrica LD de El Salvador fuera cerrada inesperadamente, las 824 trabajadoras(es) que quedaron sin trabajo siguen esperando que se les pague el US$1,7 millones de la indemnización pendiente al que tienen derecho.
En diciembre de 2019, el Movimiento de Trabajadoras y Desempleadas, María Elena Cuadra (MEC) de Nicaragua publicó un informe de 165 páginas titulado Situación de los derechos laborales de las trabajadoras en empresas de la zona franca – sector textil-vestuario.
Más de 900 trabajadoras de cerca de la mitad (17 de 35) de las fábricas del sector textil-vestuario en las municipalidades de Tipitapa, Managua y Ciudad Sandino respondieron una encuesta sobre las condiciones en estas fábricas en lo relacionado con derechos laborales y de género, incluyendo:
Cinco meses después del sorpresivo anuncio de la manufacturera de confecciones Gildan Activewear, de que cerraba su fábrica STAR en El Progreso, Honduras, el sindicato SITRASTAR y Gildan llegaron finalmente a un acuerdo sobre compensación y otros temas.
Foto: Workers Rights Consortium Sam Mokhele, Secretario General, NACTWU; Thusoana Ntlama, Coordinadora de Programa, FIDA; May Rathakane, Suplente del Secretario General, IDUL; Libakiso Matlho, Directora Nacional, WLSA; Daniel Maraisane, Suplente del Secretario General, UNITE
El 15 de agosto de 2019 se firmaron varios acuerdos complementarios vinculantes para lanzar un proyecto piloto que pretende eliminar el acoso sexual y la violencia basada en género en cinco grandes fábricas textiles y de confecciones en el país del sur de África, Lesotho.
Unos días antes de empezar el periodo electoral, el gobierno de Trudeau publicó un mandato revisado para la Oficina de la Persona Defensora para la Actividad Comercial Responsable (CORE por sus siglas en inglés). Aunque incluye algunos cambios menores, el mandato revisado no otorga a la nueva oficina los poderes de investigación que necesita para hacer responsables a empresas mineras, de petróleo y gas y de confecciones por violaciones a los derechos humanos en sus operaciones en otros países.
