Miembros del MEC participando en talleres de capacitacion en sus oficinas el mismo día que la Asemblea Nacional cancela la personería jurídica de la organización.
Durante la semana del 14 de febrero, la Asamblea Nacional de Nicaragua votó por cancelar la personería jurídica de doce ONG nicaragüenses e internacionales, incluyendo el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra (MEC), la organización más fuerte y más audaz que trabaja por defender a las trabajadoras de la maquila.
La RSM ha trabajado muy de cerca con el MEC desde su fundación hace 28 años. A lo largo de esos años, el MEC ha capacitado a miles de trabajadoras de la industria del vestido y dirigentes comunitarias en habilidades relacionadas con la negociación, la mediación y resolución alterna de conflictos, así como sobre derechos humanos y laborales, además de temas relacionados con la violencia contra las mujeres.
El día de la votación, Sandra Ramos, presidenta del MEC, dio una conferencia de prensa en las oficinas de la organización para denunciar la decisión adoptada por la Asamblea. Presentó evidencia que desmiente las alegaciones del Ministerio del Interior de que la organización no había presentado sus declaraciones anuales, le faltaba transparencia y que no había actualizado la lista de miembros de la junta directiva. Sandra considera que es el gobierno machista que actúa en contra de las mujeres pobres con recursos escasos el que perpetúa estas falsas declaraciones y afirmó que: “Están violando nuestros derechos a organizarnos, nuestro derecho fundamental al trabajo…Defendemos a las mujeres más pobres del país”.
Esta última ronda de movimientos represivos por parte del gobierno de Daniel Ortega, que incluyen ataques en contra de los medios de comunicación independientes, de universidades y destacadas organizaciones de la sociedad civil, se basó en la Ley de Agentes Extranjeros y otras leyes represivas aprobadas en el mes de octubre de 2020. Mientras que el gobierno argumenta que la Ley de Agentes Extranjeros protege la soberanía de la nación en contra de la influencia extranjera, es evidente que se le formuló para coartar a las organizaciones de la sociedad civil que están en desacuerdo con el gobierno.
Bajo la ley, cualquier organización que reciba financiamiento extranjero y no se registre ante el Estado se considera como un “agente extranjero”, por lo que se le someterá a una serie de sanciones, incluyendo multas, la confiscación de sus activos y la remoción de su personalidad legal como organización. Desde que se promulgó la ley, el gobierno ha clausurado docenas de organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo numerosas universidades nicaragüenses, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Oxfam Intermon, PEN International y otras organizaciones de desarrollo y derechos humanos. En el caso del MEC, se había presentado toda la documentación requerida a finales de año, la cual fue rechazada y devuelta.
Tanto las organizaciones de derechos humanos como la comunidad internacional han criticado ampliamente la legislación promulgada en el mes de octubre de 2020 y la embestida en contra de la oposición política del mes de abril de 2018. Desde 2018, se han encarcelado a más de 40 personas defensoras de los derechos humanos y disidentes políticos, incluyendo aspirantes a la presidencia en la recta final hacia las elecciones del mes de noviembre de 2021. En respuesta a las olas represivas y las detenciones que obedecen a motivaciones políticas, la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá han impuesto sanciones a altos funcionarios del gobierno, incluyendo miembros de la familia Ortega.
El 4 de febrero de este año, en un juicio a puerta cerrada, se declaró culpable a Dora María Téllez, ex-dirigente de la guerrilla durante la revolución sandinista y prisionera política desde el mes de junio de 2021 por presunta conspiración. Hace apenas una semana, Hugo Torres, exguerrillero sandinista, quien también resultó encarcelado como parte de la represión del mes de junio, murió en la cárcel. Se conoce a Torres por el papel que jugó en asegurar la liberación de Ortega cuando fuera prisionero político en 1974.
Viendo hacia el futuro, la RSM junto con otros aliados en Centroamérica y a nivel internacional, seguirán trabajando muy de cerca con el MEC para asegurar la continuación de su trabajo de crucial importancia para las trabajadoras nicaragüenses. Aunque se van a cerrar las oficinas del MEC, Sandra ha dejado en claro que el trabajo va a continuar.
El día después de que se presentara la petición de cancelar la condición jurídica del MEC ante la Asamblea Nacional, la organización prosiguió con las capacitaciones programadas para las trabajadoras. Incluso mientras la policía llegaba durante la conferencia de prensa en las oficinas del MEC, las mujeres se seguían organizando y capacitando sobre sus derechos.
“El MEC no son estas paredes, la organización no es esta silla, no es este escritorio”, afirmó Sandra. “El MEC es el espíritu de lucha, el espíritu de la defensa de las mujeres nicaragüenses. Si tenemos que trabajar bajo un árbol de mango, lo haremos. Así es cómo empezamos…El MEC somos nosotras. El MEC son las mujeres pobres de este país”.
Lee la declaración del 16 de febrero suscrita por varias organizaciones de mujeres y de derechos humanos centroamericanas e internacionales, incluyendo la RSM, en la que se denuncia la última ronda de cierres y se expresa solidaridad con el MEC. Para información actualizada, visita la página de facebook del MEC.
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