El régimen de excepción declarado por el gobierno salvadoreño en el mes de marzo de 2022 para contener la desenfrenada violencia de las pandillas se ha prorrogado de manera continua por más de dos años.

Mientras que gran parte de la población apoya estas medidas debido a la reducción de los niveles de violencia perpetrada por las pandillas en ciertas áreas del país, las organizaciones de la sociedad civil y las familias afectadas negativamente por las detenciones masivas han cuestionado el costo de esta política en términos de los derechos humanos.