La abogada laboral y activista por los derechos de las trabajadoras(es), Susana Prieto Terrazas, fue arrestada el 8 de junio en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, en la frontera norte de México. Prieto Terrazas es una destacada defensora de los derechos en la lucha por los derechos de trabajadoras(es) de la maquila en Matamoros y otras ciudades de la frontera.

Las autoridades estatales la acusan de los delitos de motín, coacción y amenazas contra miembros de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

El domingo 8 de marzo, mujeres en todo el mundo tomaron las calles para celebrar el Día Internacional de la Mujer, y demandar el fin de la violencia y discriminación basada en género. Toda América Latina fue testigo de protestas masivas organizadas por movimientos de mujeres el 8 de marzo y seguido de un día de huelga el lunes 9 de marzo.

Ha pasado un año desde que decenas de miles de trabajadoras(es) de la confección se lanzaron a las calles a fines de diciembre de 2018 y enero de 2019 para protestar por la falta, por parte del gobierno de Bangladesh, de establecer un salario mínimo digno que pudiera alcanzar para satisfacer sus necesidades básicas.

Además de la violenta represión del gobierno, que resultó en un trabajador muerto y más de 50 heridos, se impidió a miles de trabajadoras(es) volver a trabajar en las fábricas que producen para las grandes marcas internacionales. 

Autor: Campaña Ropa Limpia, Human Rights Watch, IndustriALL, International Corporate Accountability Roundtable, Fondo Internacional de Derechos Laborales, Confederación Sindical Internacional, Red de Solidaridad de la Maquila, Sindicato Global UNI y el Consorcio de los Derechos de los Trabajadores.

Un estudio de octubre de 2019 del Equipo de Investigaciones Laborales (EIL) revela que los salarios mínimos para las trabajadoras(es) de la maquila en 3 de 4 países centroamericanos productores de confecciones no son suficientes para cubrir el costo de productos básicos alimenticios, y mucho menos del costo de todos los servicios y mercancías básicas necesarias para las necesidades de una trabajadora(or) y su familia.

Unos días antes de empezar el periodo electoral, el gobierno de Trudeau publicó un mandato revisado para la Oficina de la Persona Defensora para la Actividad Comercial Responsable (CORE por sus siglas en inglés). Aunque incluye algunos cambios menores, el mandato revisado no otorga a la nueva oficina los poderes de investigación que necesita para hacer responsables a empresas mineras, de petróleo y gas y de confecciones por violaciones a los derechos humanos en sus operaciones en otros países.

Este análisis legal del abogado laboral mexicano y miembro del equipo de la RSM Rodrigo Olvera Briseño, examina un tema importante que ha sido debatido en México por muchos años -  si el pago de tiempo extraordinario a trabajadoras(es) debe basarse en el salario base o en el salario diario integrado (salario base más beneficios legales). El resultado de ese debate tendrá un impacto importante en los ingresos de las trabajadoras(es) y el uso del tiempo extraordinario por parte de los empleadores.

Las protestas lanzadas por maestros y profesionales de la salud en respuesta a dos decretos del gobierno que apuntaban a una mayor privatización de los ya muy deteriorados sistemas de educación y salud, pronto crecieron al sumarse activistas de otros sectores. La Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación, una coalición de organizaciones sindicales y comunitarias formada a principios de mayo, ha tenido un importante rol de coordinación desde abril.

Comunidado de #SolidaridadFeministaConNicaragua:

El 22 de mayo, luego de la liberación de 100 prisioneros políticos nicaragüenses, e informes de que los que están en prisión fueron objeto de un tratamiento cruel e inhumano, la Campaña #QueLasLiberen dio a conocer una declaración haciendo un llamado por la liberación de todos los prisioneros políticos.

La declaración hace varias demandas, incluyendo el fin de los tortuosos actos contra aquellos que siguen estando presos, y una garantía por la integridad física y psicológica de las liberadas(os).

El 8 de abril, el gobierno canadiense anunció la designación de la muy esperada Persona Defensora para la Actividad Comercial Responsable (Canadian Ombudsperson for Responsible Enterprise – CORE por sus siglas en inglés), pero no siguió su compromiso de dar a la posición la independencia y el poder necesarios para investigar abusos y remediar daños causados por empresas canadienses mineras, de petróleo y gas y de confecciones que operan fuera de Canadá.

Tres años después de que defensoras(s) de derechos laborales informaran a Gap y otros compradores sobre violaciones a derechos de las trabajadoras(es), su proveedora basada en Morelos cerró la fábrica en lugar de reincorporar a trabajadoras(es) despedidas por haber intentado formar un sindicato independiente. Las últimas trabajadoras(es) fueron despedidas en diciembre de 2018.

Por Industriall, UNI, CCC, ILRF, MSN, WRC

El Gobierno de Bangladesh está utilizando un recurso ante el Tribunal Supremo del país para impedir el funcionamiento del Acuerdo, poniendo con ello en peligro la seguridad de los trabajadores.

El 30 de noviembre tomará vigencia una orden de restricción sobre el Acuerdo de Transición sobre Incendios y Seguridad de Edificios en Bangladesh pendiente del resultado de una apelación presentada por el Acuerdo la semana pasada. Si el Tribunal Superior de Bangladesh no acepta la apelación, el innovador organismo de inspección deberá dejar Bangladesh.