Dos años después de que la fábrica LD de El Salvador fuera cerrada inesperadamente, las 824 trabajadoras(es) que quedaron sin trabajo siguen esperando que se les pague el US$1,7 millones de la indemnización pendiente al que tienen derecho.

Autor: Campaña Ropa Limpia, Human Rights Watch, IndustriALL, International Corporate Accountability Roundtable, Fondo Internacional de Derechos Laborales, Confederación Sindical Internacional, Red de Solidaridad de la Maquila, Sindicato Global UNI y el Consorcio de los Derechos de los Trabajadores.

Unos días antes de empezar el periodo electoral, el gobierno de Trudeau publicó un mandato revisado para la Oficina de la Persona Defensora para la Actividad Comercial Responsable (CORE por sus siglas en inglés). Aunque incluye algunos cambios menores, el mandato revisado no otorga a la nueva oficina los poderes de investigación que necesita para hacer responsables a empresas mineras, de petróleo y gas y de confecciones por violaciones a los derechos humanos en sus operaciones en otros países.

Este análisis legal del abogado laboral mexicano y miembro del equipo de la RSM Rodrigo Olvera Briseño, examina un tema importante que ha sido debatido en México por muchos años -  si el pago de tiempo extraordinario a trabajadoras(es) debe basarse en el salario base o en el salario diario integrado (salario base más beneficios legales). El resultado de ese debate tendrá un impacto importante en los ingresos de las trabajadoras(es) y el uso del tiempo extraordinario por parte de los empleadores.

Las protestas lanzadas por maestros y profesionales de la salud en respuesta a dos decretos del gobierno que apuntaban a una mayor privatización de los ya muy deteriorados sistemas de educación y salud, pronto crecieron al sumarse activistas de otros sectores. La Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación, una coalición de organizaciones sindicales y comunitarias formada a principios de mayo, ha tenido un importante rol de coordinación desde abril.

Comunidado de #SolidaridadFeministaConNicaragua:

El 22 de mayo, luego de la liberación de 100 prisioneros políticos nicaragüenses, e informes de que los que están en prisión fueron objeto de un tratamiento cruel e inhumano, la Campaña #QueLasLiberen dio a conocer una declaración haciendo un llamado por la liberación de todos los prisioneros políticos.

La declaración hace varias demandas, incluyendo el fin de los tortuosos actos contra aquellos que siguen estando presos, y una garantía por la integridad física y psicológica de las liberadas(os).

El 8 de abril, el gobierno canadiense anunció la designación de la muy esperada Persona Defensora para la Actividad Comercial Responsable (Canadian Ombudsperson for Responsible Enterprise – CORE por sus siglas en inglés), pero no siguió su compromiso de dar a la posición la independencia y el poder necesarios para investigar abusos y remediar daños causados por empresas canadienses mineras, de petróleo y gas y de confecciones que operan fuera de Canadá.

Tres años después de que defensoras(s) de derechos laborales informaran a Gap y otros compradores sobre violaciones a derechos de las trabajadoras(es), su proveedora basada en Morelos cerró la fábrica en lugar de reincorporar a trabajadoras(es) despedidas por haber intentado formar un sindicato independiente. Las últimas trabajadoras(es) fueron despedidas en diciembre de 2018.

Por Industriall, UNI, CCC, ILRF, MSN, WRC

El Gobierno de Bangladesh está utilizando un recurso ante el Tribunal Supremo del país para impedir el funcionamiento del Acuerdo, poniendo con ello en peligro la seguridad de los trabajadores.

El 30 de noviembre tomará vigencia una orden de restricción sobre el Acuerdo de Transición sobre Incendios y Seguridad de Edificios en Bangladesh pendiente del resultado de una apelación presentada por el Acuerdo la semana pasada. Si el Tribunal Superior de Bangladesh no acepta la apelación, el innovador organismo de inspección deberá dejar Bangladesh.

La violencia laboral como un riesgo ocupacional y sus implicaciones de género en Honduras, publicado por el Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras (EMIH) en octubre de 2018, es un análisis profundo de los factores sociopolíticos y económicos que contribuyen a la violencia en el lugar de trabajo y las consecuencias particularmente negativas que tienen sobre las mujeres.