El régimen de excepción declarado por el gobierno salvadoreño en el mes de marzo de 2022 para contener la desenfrenada violencia de las pandillas se ha prorrogado de manera continua por más de dos años.

Mientras que gran parte de la población apoya estas medidas debido a la reducción de los niveles de violencia perpetrada por las pandillas en ciertas áreas del país, las organizaciones de la sociedad civil y las familias afectadas negativamente por las detenciones masivas han cuestionado el costo de esta política en términos de los derechos humanos. 

El día 8 de noviembre, el Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas “María Elena Cuadra” (MEC) de Nicaragua, recibió el Premio Internacional Leslie Nichols de 2022. Cada año, la Asociación Americana de Salud Pública (APHA por sus siglas en inglés) otorga este premio en reconocimiento a tanto individuos como organizaciones por sus logros destacados en el campo de la Salud y Seguridad Ocupacional fuera de Estados Unidos.

Un informe de Amnistía Internacional del 2 de junio denuncia que el gobierno de El Salvador está cometiendo violaciones graves de los derechos humanos en el marco del actual régimen de excepción, bajo el cual quedaron suspendidos los derechos de la libertad de asociación, de reunión, de privacidad de la comunicación y de representación legal, entre otros derechos civiles y políticos.